La sociedad que ha emergido tras la revolución conservadora impuesta por los ideólogos neoliberales en el viejo régimen, y proyectada en la restauración democratizadora, aún observa con incertidumbre las líneas maestras del nuevo gobierno que trazan una transformación estructural. A diferencia del ciclo restaurador de posdictadura, hoy se requiere del protagonismo ciudadano y de la convicción democrática de quienes lideran el actual proceso político.
¿Cómo conciliar los intereses contrapuestos, propios de un orden democrático, entre Estado y sociedad civil, y establecer bases estables para dar curso a las anheladas transformaciones estructurales que el programa de gobierno de la Nueva Mayoría anuncia? ¿De qué modo la sociedad civil, el nuevo asociacionismo democrático, es genuinamente integrado a los procesos decisionales, no como masa de maniobra, legitimadora de acuerdos adoptados en las elites sino como protagonistas legítimos de la formación de una nueva realidad?
Junto con seleccionar prolijamente al personal que llega a la gestión de procesos administrativos en el Estado, que reúnan perfiles de probidad, solvencia técnica, convicción democrática y genuina vocación pública – cuestiones no siempre observables- , parece necesario abordar la cuestión de las prioridades políticas orientadas a viabilizar formas nuevas de relación Estado/sociedad en la línea de transformación estructural que señala el programa de gobierno. No aplicarse a tan central tarea, puede abrir paso al desarrollo próximo de acciones colectivas no institucionales, como caminos prevalecientes como medio de escucha y presión . Esto no implica que estén ausentes por la presencia de modos institucionales, no obstante, podrá orientarse el potencial democratizador de la sociedad civil que permita la construcción de acuerdos y el desarrollo de políticas públicas, especialmente las vinculadas a derechos ciudadanos, inclusión activa en gestión pública local y regional y, particularmente, en los procesos deliberativos conducentes a la redacción de una nueva Constitución Política.
Se ha apuntado en el programa de gobierno que “recoge la demanda nacional por una Nueva Constitución Política para Chile a impulsar en un proceso democrático, institucional y participativo que permita alcanzar este propósito”. ¿Cómo debe entender la ciudadanía el que sea un proceso democrático, institucional y participativo? Por cierto, se trata de una definición genérica, que requiere dotarse de contenido, y lo debe hacer en poco tiempo político.
Más allá de los avances trazados en el programa que buscan hacer sustantivo el “proceso”, es relevante que las nuevas autoridades y las organizaciones de la sociedad civil valoren los alcances que la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación ciudadana en la gestión pública, promulgada en febrero de 2010, y tramitada por años, luego de un trabajoso e incomprendido proceso por parte de fracciones de la elite política parlamentaria y del ejecutivo. En efecto, esta ley, contiene importantes dispositivos que pueden apoyar la operativización de los debates nacionales, regionales, locales, barriales, de los grandes temas que la sociedad demanda sean deliberados en los espacios públicos, y por el que apoyaron el programa de la Nueva Mayoría.
La responsabilidad por cumplir con las normas legales votadas por el Congreso hoy recaen en ministerios específicos, los cuales están a tiempo de procesar información y trabajar el plan que haga real la formación del nuevo ciclo. Estos ministerios son en orden de importancia el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, pues debe articular acuerdos políticos para la generación de normas complementarias que amplíen las esferas de acción y deliberación ciudadana, como por ejemplo, “perfeccionar y ampliar los mecanismos de participación comunal, mejorando la legislación que establece los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, estableciendo como política pública los Fondos Concursables y presupuestos participativos, ampliando el ámbito de acción de las Oficinas de Información y Reclamos, mejorando la regulación sobre consultas ciudadanas y plebiscitos”, establecidos en el programa.
Por otra parte, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, responsable del proceso de descentralización y de adopción de los mecanismos de inclusión ciudadana en las deliberaciones conducentes al nuevo acuerdo constitucional. Cabe a esa repartición establecer un nuevo trato con la sociedad civil y sintonizar con la agenda de la nueva administración. Como dice el programa: “Una de las demandas más importante de los ciudadanos, las organizaciones sociales en los territorios, las regiones y también los municipios, es participar en la toma de decisiones sobre los temas que les afectan o incumben directamente”.
Finalmente, la Secretaría de Gobierno tiene un rol relevante a través de la División de Organizaciones Sociales en la operacionalización de un plan que permita concordar una agenda democratizadora con la sociedad civil, el espíritu transformador del nuevo gobierno. La política de elite, a espaldas de la gente, ha concluido. Las formas populistas, de creer que el mensaje lo es todo, las rencillas palaciegas, en verdad no le importan a nadie a estas alturas.
Una correcta comprensión de la ley 20.500, no sólo por parte de autoridades de Estado, sino por líderes de movimientos sociales, redes y organizaciones, colectivos virtuales y no virtuales, puede hacer la diferencia entre un gobierno de nuevo tipo o un quinto gobierno del viejo ciclo de posdictadura. Es perfectamente viable el uso de la Ley para integrar en un plan nacional concordado entre estado y sociedad civil, los contenidos a deliberar en los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, en los Consejos de la Sociedad Civil del Estado, y en los instrumentos construidos a la fecha que buscan modificar esta asimetría de poderes en Chile. Y temas hay varios: educación, previsión, reformas tributarias, constitución.
Los dados están echados, y dependerá de la vocación democrática y la visión de un Chile que se inserta en los procesos latinoamericanos democratizadores, lo que haga la diferencia en el modo en que se resuelva la crisis a enfrentarse en 2017.
Adolfo Castillo, historiador, cientista político.
