OPINIÓN: Caso Bryan Seguel: Claudio Orrego, el Gobierno y la instalación oficial de la persecución al movimiento social y estudiantil. Por Edgar Guíñez

La amenaza proferida por el actual Intendente de Santiago, con la anuencia del Gobierno, tras la primera y multitudinaria marcha del movimiento estudiantil, que se crearía un equipo de inteligencia para perseguir a los “violentistas” se está cumpliendo.

Así lo han podido sentir los estudiantes de la Universidad de Chile Bryan Seguel y Camilo Díaz, ambos activos y reconocidos  participantes del movimiento estudiantil que se han sido víctimas de los burdos procedimientos de la policía militarizada de Carabineros de Chile, que con el apoyo de los gobernantes, siguen orquestando aparatosos montajes mediáticos para inculpar a jóvenes luchadores y así justificar, por una parte la salvaje represión estatal y por otra para intentar dividir y desarticular, vía criminalización y temor al movimiento social, en general, y al movimiento estudiantil en particular.

Ni las declaraciones de apoyo de sus pares y de los académicos de la Universidad de Chile, ni tampoco la bochornosa, para las policías, decisión del tribunal de primera instancia que dejo libre a Seguel,  ha logrado detener los ímpetus persecutorios, en contra de inocentes, del fracasado ex candidato presidencial del PDC y también del gobierno del que ahora es parte.

No olvidamos que Orrego, siendo Alcalde de Peñalolén, se vengó del dirigente social Lautaro Huanca,  que lo había derrotarlo en el plebiscito comunal con el que el actual intendente de Santiago pretendía favorecer a las inmobiliarias vía cambio del plano regulador comunal. Acusándolo, el entonces edil, de agresiones en el municipio.

Mediante un dictamen judicial, cuyo promotor fue Orrego, Huanca fue impedido de participar en las elecciones municipales de ese periodo,  en las que de seguro habría propinado otra derrota al inefable Orrego y a la Concertación, así el militante del PDC, que posa de cristiano practicante, sacó del camino una seria amenaza electoral.

Esta experiencia de criminalización de la lucha social parece estarla utilizando, ahora con más poder y medios, en su nuevo cargo en la Región Metropolitana,  el señor Orrego, todo para intentar contener, inútilmente,  la protesta juvenil estudiantil que no se traga las supuesta reformas al sistema educativo que impulsa la concertación ahora agrupada en la Nueva Mayoría.

El caso de Bryan Seguel, militante del FEL, es paradigmático para develar esta estrategia, un tribunal decidió que las pruebas presentadas por la policía no sólo fueron insuficientes, sino que ridículas, pero Orrego volvió a la carga y consiguió un fallo “favorable” del tribunal de alzada que decidió formalizar al estudiante, aunque no lo recluyó en prisión.

Esta arremetida de Orrego a través del Ministerio Público y en conjunto con Carabineros, que no hay que olvidar depende del Ministerio del Interior, sirvió para mostrar la manera en que está operando el poder para pretender contener la movilización social, en los alegatos los abogados de la fiscalía y de carabineros reconocieron que está en marcha un dispositivo de inteligencia que opera sobre los estudiantes universitarios movilizados, que entre otras cosas se dedica a monitorear las redes sociales.

Es decir el Estado de Chile, a través de la Fiscalía, de Carabineros y de la Intendencia reconoció que está persiguiendo al movimiento estudiantil chileno.

Esto es de suma gravedad, pues la necesidad de obtener éxitos investigativos y para justificar la elevadas sumas de dinero y el personal de “inteligencia” que se distrae en esto, sumado a los amigos de las conspiraciones políticas para ocultar sus fracasos y sus compromisos con los poderes reactivos a los cambios, llevará inexorablemente, como ya ha ocurrido en el pasado, a la elaboración de montajes destinados a presentar a la sociedad a los “culpables” de la violencia.

El riesgo que corre el Gobierno, la fiscalía y las policías, y por supuesto también Orrego, es que la mentira tiene piernas cortas y a la larga siempre se sabe, sino que lo diga Hinzpeter y el caso bombas, pero hay algo peor y es que el movimiento social y la ciudadanía en general, que ya se encuentra bastante molesta con el sistema, reaccione de una manera que los sostenedores de estas “soluciones” no se esperan, aquí conviene recordar cómo el pueblo chileno se alzó en dictadura sobre la maquinaria represiva y asesina del dictador, venciendo el temor y alzándose sobre el horror.

Lo lamentable es la afectación de la vida que se hace, fríamente, de jóvenes estudiantes, luchadores sociales que se comprometen en la lucha por la construcción de una sociedad más justa y democrática, que por inescrupulosas “razones de estado” caen víctima de una maquinaria, cuyos representantes, no escatiman errores y horrores para mantener el status quo que, como sabemos, favorece una pequeña minoría a costa de la inmensa mayoría.

Esto es coherente con el recrudecimiento de la violencia policial en La Araucanía y la aparente autonomía que muestra la policía en sus procedimientos, ya sea para reprimir con inusitada violencia la protesta social para enfrentar los procedimientos habituales, las denuncias por abusos de carácter sexual, detenciones arbitrarias, golpizas y hasta muertos en dudosas circunstancias en distintos lugares del país se multiplican, mientras el gobierno de la Nueva Mayoría se mantiene sordo y ciego, dejando hacer y por tanto haciéndose cómplice de prácticas que permanecen en el Chile supuestamente democrático.

Cada vez va quedando más claro, incluso para los incautos y confiados en la promesa de un gobierno al lado de las mayorías y a favor de los intereses de la gente, que no fue más que una bonita oferta electoral que jamás se tuvo la intención de cumplir.

 

Por Edgar Guíñez.

Director de SICNoticias.cl

Comunicador Social Autodidacta

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