La pillería está allí, siempre allí, parece que no tienen ni la altura moral, ni la inteligencia suficiente para hacer las cosas bien. Cada paso que dan los revela, así ocurrió con el compromiso que el Estado de Chile ha firmado recientemente con la UNESCO que dejó al desnudo un complot de aquellos que presentaron un fórmula consensuada por ellos mismos. Las comisiones presidenciales son parte de esa forma oscura y avivada de actuar.
Los que asistieron a la reunión con Unesco presentaron una propuesta “consensuada” al seno del organismo internacional, la cual planteaba que por la vía de una “comisión presidencial” se resolvieran materias fundamentales. O sea, que a través de esa formulita se “legalizara” la violación de las leyes de la República, limpiando un proyecto inmundo que es rechazado por los ciudadanos de la Ciudad Patrimonial de Valparaíso, mi ciudad.
Frente al Ministro del interior y otros secretarios de Estado estaban el intendente Bravo y el alcalde Castro para definir una postura oficial frente al informe de Icomos, que había sido aprobado por UNESCO y el cual echaba abajo las pretensiones de la estatal Empresa Portuaria de Valparaíso y del retail de apoderarse del borde costero de la ciudad, sin respetar las normas y leyes vigentes del país. Esa fotografía de unos frente a otros demuestra la distancia entre los poderes, el intendente y el alcalde en un ala y los ministros, más el Consejo de Monumentos Nacionales, en la otra.
Entonces, uno se pregunta: ¿Por qué el intendente?
Estamos claros que Jorge Castro es operador del Mall y que él es el responsable del traje a la medida que se hicieran el 2009, cuando el proyecto Puerto Barón no tenía, ni contaba con los instrumentos administrativos para poder calificar. Pero el intendente en esa reunión solo se explica por la influencia del diputado Cornejo, hoy Presidente de la Cámara y ex Alcalde de Valparaíso, quien también pavimentó y limpió la calle para la legalización del negocio del grupo Solari, accionista mayoritario de Falabella, empresa del retail, cuyas influencias millonarias lograron que se decretara que los Mall son actividades portuarias y con ello que las concesiones en los bordes costeros fueran por 30 años y no por 10, como lo exige la ley 19.542.
Así las cosas, falta la pura chispeza, como dice nuestro Gary, para darse cuenta que los dueños de Falabella, a toda costa, quieren construir su proyecto en un lugar donde no se puede, porque las leyes actuales, que han querido ser modificadas, no se lo permiten, quieren que ya que los caminos legales se agotaron, y la intectualidad nacional y mundial les dijo NO, crear una comisión presidencial para que se llegue a un “consenso” donde ellos triunfen.
Suman amenazas por boca del alcalde Castro, quien destemplado –como casi siempre- dice que “si el proyecto no se realiza, los dueños del proyecto deben ser indemnizados” por el Estado, para variar, porque ellos tienen un permiso dado por el municipio. Pero la verdad es que Mall Plaza S.A. no es dueña de permiso alguno, pues a quien la dirección de obras entregó un permiso fue a la Empresa Portuaria de Valparaíso. Por lo tanto, el Estado “NO DEBE INDEMNIZAR” A PARTICULAR ALGUNO, menos al Mall Plaza, así reza en el documento oficial.
La conclusión se aclara: Un diputado y un intendente de la Nueva Mayoría promueven la construcción de un proyecto, que fue rechazado por todos los partidos locales de la NM y que fue parte de los discursos y de los compromisos de campaña electoral recién terminada. El diputado Cornejo fue elegido – y por lo tanto en tres años más veremos si es reelegido o botado del parlamento- y lo mínimo que debiera hacer el gobierno es pedir la renuncia al Intendente de la Región de Valparaíso, no solo porque no puede parecer promotor de los mall, sino porque no es posible disfrazarse de pobre para tener un subsidio para rentar y vivir en Curauma.
Por Jorge Bustos.
